CC exige la aplicación del Pacto Antitransfuguismo en Santa Cruz ante la anunciada expulsión de los ediles de Cs

El grupo municipal presentará una moción al Pleno del Ayuntamiento para el cumplimiento del acuerdo contra los tránsfugas y de la normativa vigente al respecto

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de Julio de 2019. El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará una moción en el próximo Pleno de la Corporación para demandar la ratificación, en todos sus extremos, del “acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”, también conocido como Pacto Antitransfuguismo, y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en estos casos.

El portavoz del grupo municipal de CC, Juan José Martínez, recordó que sobre los dos concejales de Ciudadanos que forman parte del nuevo grupo de gobierno pesa un expediente de expulsión que, una vez formalizado, les convertiría en tránsfugas y, por tanto, en concejales no adscritos, “lo que les impediría, entre otras cosas, ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial”.

Martínez recordó que esa expulsión está pendiente solo un mero formalismo interno de Ciudadanos y que, ante este escenario, “pedimos la aplicación de la ley vigente y del pacto antitransfugismo en Santa Cruz”.

El portavoz conminó a la alcaldesa a no apoyarse en tránsfugas para gobernar, tal y como determina el citado pacto, “puesto que tiene otras opciones si quiere seguir haciéndolo”.

Martínez consideró inexcusable la toma de posición del Pleno del Ayuntamiento “sobre un asunto que entronca directamente con la calidad de la democracia, con el cumplimiento de la normativa vigente y con la demandas ciudadanas de transparencia y buen gobierno”.

En concreto, la propuesta aboga por “hacer cumplir en el ámbito concreto de la corporación local de Santa Cruz de Tenerife los preceptos” del citado acuerdo e instar a “la Secretaría General del Pleno y a todos los servicios, organismos y sociedades municipales a la realización de las gestiones precisas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a los citados preceptos y a la normativa general y autonómica cuando hubiere lugar”.

La moción recuerda que “la solidez de una democracia viene determinada por el exquisito respeto al ordenamiento jurídico, pero de igual modo es exigible la ejemplaridad en la conducta de quienes desempeñan cargos de representación pública”.

“Una ejemplaridad -continúa- que ha de tener su mayor expresión en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y en el deber de lealtad política conectado directamente con aquélla”.

Así lo entendieron los principales partidos políticos españoles, que hace ahora 21 años -el 7 de julio de 1998- firmaron el denominado “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”.

Un acuerdo rubricado entonces por PSOE, PP, IU, Convergència Democrática, Unió Democrática, Esquerra Republicana, Iniciativa Per Catalunya, PNV, Eusko Alkartasuna, BNG, Coalición Canaria, Unión Valenciana, Xunta Aragonesista, Partido Aragonés, Partido Andalucista y Unión del Pueblo Navarro.

El documento fue renovado el 26 de septiembre del año 2000 y ratificado de nuevo el 23 de mayo de 2006, por lo que goza de plena vigencia.

El Pacto señala en uno de sus puntos que “los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas”.

Además, la Ley de Municipios de Canarias regula en su artículo 28 la figura de los concejales no adscritos y establece, en el apartado 4.c que “no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación”.

La propuesta nacionalista señala que tanto la firma del acuerdo original y las sucesivas ratificaciones, así como la promulgación de leyes al respecto, revelan la preocupación de los partidos políticos del Estado por el asunto, en sintonía con una creciente percepción y decepción ciudadana por el deterioro de la actividad política y el aumento de la desconfianza hacia los políticos y las instituciones.